APC quiere que todos los Estados se comprometan con medidas positivas en respuesta al informe. APC ha emitido una declaración por escrito con 30 recomendaciones para acciones concretas como la derogación de las leyes que restringen la libertad de expresión, poniendo fin a las prácticas de vigilancia ilegal, el establecimiento de procedimientos legales claros y transparentes para el bloqueo de contenidos ilícitos y la aprobación de leyes que protejan la seguridad y la privacidad de la información personal de los/as ciudadanos/as. Todas las delegaciones de los Estados han recibido una copia de esta declaración.
APC felicita al Relator Especial por hacer referencia a los derechos humanos de las mujeres. Recordamos los compromisos de los Estados con los derechos humanos de las mujeres y el reciente énfasis de la Comisión sobre la Condición de la Mujer sobre mujeres, ciencia y tecnología. Los derechos de las mujeres a la libertad de expresión y la libertad de asociación deben ser respetados y protegidos. Toda forma de violencia de género, (incluyendo la violencia doméstica, la violencia sexual y el acoso), tanto en la esfera pública como en la privada, es una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos de las mujeres (Recomendación General 19, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 11ª Sesión, 1992). Los Estados deben dar todos los pasos necesarios para prevenir y eliminar esa forma de violencia. Respecto de internet, esto significa asegurar que las leyes, políticas y prácticas no permitan crear nuevas formas de violencia contra las mujeres, como acoso cibernético, vigilancia digital, monitoreo de datos y otras interferencias con los derechos de las mujeres. Los derechos humanos de las mujeres deben ser respetados y protegidos y nunca restringidos, de manera directa o indirecta, en nombre de la “seguridad” u otras medidas de orden público, excepto en concordancia con las normas acordadas de derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres.
La declaración exhorta al consejo a adoptar un abordaje participativo para desarrollar respuestas a los temas planteados por el Relator Especial. Estas respuestas deben generarse mediante procesos abiertos, que aseguren el compromiso de todos y todas, en particular los grupos vulnerables y marginados, de acuerdo con un enfoque basado en derechos y principios de información compartida, participación y transparencia.

Year of publication

2011

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