Este informe surge de la investigación llevada a cabo en Filipinas entre agosto de 2013 y abril de 2014 por la Foundation for Media Alternatives (FMA) y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) como parte del proyecto denominado Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea, que abarca varios países.
Filipinas ocupa un lugar alto en cuanto a igualdad de género: en 2013 el Foro Económico Mundial la ubicó primera en Asia y quinta en el mundo. Las mujeres Filipinas han encontrado espacios vitales para expresarse y afirmar sus derechos mediante las tecnologías de información y comunicación (TIC). Pero al mismo tiempo aumenta la violencia contra las mujeres (VCM). En los últimos años hubo numerosos informes en los medios de casos que implican estas nuevas formas de violencia de género, en especial casos en los que se difundieron imágenes y videos sexuales sin el consentimiento de las mujeres. En Filipinas la violencia contra las mujeres es un delito de acción pública; sin embargo, los daños y violaciones facilitadas por la tecnología suelen trivializarse y reciben respuestas inadecuadas por parte del Estado, las empresas, la sociedad civil y las mismas mujeres. En este contexto, el objeto principal del estudio fue documentar las experiencias de las mujeres en torno a la VCM relacionada con la tecnología para hacer más visible el problema y procurar remedios más efectivos.
El informe utiliza tres estudios de caso en profundidad para indagar cómo se usa la tecnología con el fin de perpetrar violencia contra mujeres y niñas. Dos de estos estudios se refieren a mujeres muy conocidas cuyas fotos íntimas o videos fueron compartidos en línea sin consentimiento, mientras que el tercer caso enfoca la pornografía infantil en el pueblo costero de Cordova. La información para los estudios de caso se recolectó en entrevistas con sobrevivientes siempre que fue posible, como también personal policial, organizaciones no gubernamentales, una psicóloga de menores y referencias de artículos en la prensa. El informe también incluye una amplia evaluación de leyes nacionales y políticas de intermediarios, y destaca específicamente las voces, experiencias y acciones de las mujeres.
A pesar de que las leyes comprendidas en el código penal abarcan delitos cometidos a través de medios digitales, aplicarlas se torna un problema cuando la identidad del perpetrador permanece desconocida. En los dos estudios de caso que involucran a mujeres adultas, las sobrevivientes no pudieron querellar a las personas que difundieron el contenido.
Además, las leyes referidas a VCM no incluyen un capítulo tecnológico, aunque las leyes que abarcan la informática poco a poco empiezan a incluir violaciones contra las mujeres. La investigación observa, de todos modos, que los obstáculos más importantes para que las mujeres denuncien casos son la cantidad de tiempo que lleva transitar por el sistema judicial y el alto costo financiero de hacerlo. Pero en un sentido más amplio, muchas veces las mujeres se rehúsan a denunciar casos de VCM por miedo a ser culpadas.
En su evaluación de los mecanismos de reparación corporativos, el informe describe las políticas de tres empresas nacionales de telecomunicaciones y de cuatro plataformas internacionales de redes sociales. Esta revisión observa que mientras los proveedores de servicios prohíben a los usuarios utilizar sus servicios para actividades ilegales, ilegítimas o perjudiciales, las empresas no asumen ninguna responsabilidad legal por las actividades delictivas cometidas mediante sus servicios.
Más aún, las empresas intermediarias no tienen obligación de monitorear cómo se utilizan los servicios que proveen. Aunque los sitios web de las redes sociales comprenden mecanismos de denuncia, la investigación encontró que los perpetradores pueden abrir fácilmente nuevas cuentas para continuar perpetrando abusos. En el caso de la telefonía móvil, las tarjetas SIM pueden adquirirse sin registro, lo que facilita que los abusadores cambien su número y permanezcan anónimos.
El informe concluye con un conjunto de recomendaciones dirigidas a distintos actores con el propósito de abordar la violencia contra mujeres y niñas relacionada con la tecnología. Estas recomendaciones incluyen un llamado al gobierno para que implemente leyes nacionales, colabore con ONG, busque solucionar las desigualdades estructurales y aumente los recursos para capacitar personal para el tratamiento de delitos informáticos.
Las recomendaciones para las empresas intermediarias incluyen ser proactivas y proveer líneas especiales para denuncias, a la vez que una reducción del tiempo que tarda el tratamiento de una denuncia de abuso. El informe llama a las ONG y a la sociedad civil a aumentar la conciencia sobre estos problemas, a monitorear leyes y políticas e involucrarse con las empresas intermediarias.
Por último, el informe exhorta a las mujeres a que conozcan y ejerzan sus derechos y a asegurar su privacidad en línea. El informe es un primer paso crucial de una investigación más abarcadora que FMA espera realizar para promover los derechos de género en entornos digitales.
Descarga el informe completo (en inglés)
Más información sobre la investigación aquí
Esta investigación forma parte del proyecto “Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea” de APC, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda (DGIS).
Filipinas ocupa un lugar alto en cuanto a igualdad de género: en 2013 el Foro Económico Mundial la ubicó primera en Asia y quinta en el mundo. Las mujeres Filipinas han encontrado espacios vitales para expresarse y afirmar sus derechos mediante las tecnologías de información y comunicación (TIC). Pero al mismo tiempo aumenta la violencia contra las mujeres (VCM). En los últimos años hubo numerosos informes en los medios de casos que implican estas nuevas formas de violencia de género, en especial casos en los que se difundieron imágenes y videos sexuales sin el consentimiento de las mujeres. En Filipinas la violencia contra las mujeres es un delito de acción pública; sin embargo, los daños y violaciones facilitadas por la tecnología suelen trivializarse y reciben respuestas inadecuadas por parte del Estado, las empresas, la sociedad civil y las mismas mujeres. En este contexto, el objeto principal del estudio fue documentar las experiencias de las mujeres en torno a la VCM relacionada con la tecnología para hacer más visible el problema y procurar remedios más efectivos.
El informe utiliza tres estudios de caso en profundidad para indagar cómo se usa la tecnología con el fin de perpetrar violencia contra mujeres y niñas. Dos de estos estudios se refieren a mujeres muy conocidas cuyas fotos íntimas o videos fueron compartidos en línea sin consentimiento, mientras que el tercer caso enfoca la pornografía infantil en el pueblo costero de Cordova. La información para los estudios de caso se recolectó en entrevistas con sobrevivientes siempre que fue posible, como también personal policial, organizaciones no gubernamentales, una psicóloga de menores y referencias de artículos en la prensa. El informe también incluye una amplia evaluación de leyes nacionales y políticas de intermediarios, y destaca específicamente las voces, experiencias y acciones de las mujeres.
A pesar de que las leyes comprendidas en el código penal abarcan delitos cometidos a través de medios digitales, aplicarlas se torna un problema cuando la identidad del perpetrador permanece desconocida. En los dos estudios de caso que involucran a mujeres adultas, las sobrevivientes no pudieron querellar a las personas que difundieron el contenido.
Además, las leyes referidas a VCM no incluyen un capítulo tecnológico, aunque las leyes que abarcan la informática poco a poco empiezan a incluir violaciones contra las mujeres. La investigación observa, de todos modos, que los obstáculos más importantes para que las mujeres denuncien casos son la cantidad de tiempo que lleva transitar por el sistema judicial y el alto costo financiero de hacerlo. Pero en un sentido más amplio, muchas veces las mujeres se rehúsan a denunciar casos de VCM por miedo a ser culpadas.
En su evaluación de los mecanismos de reparación corporativos, el informe describe las políticas de tres empresas nacionales de telecomunicaciones y de cuatro plataformas internacionales de redes sociales. Esta revisión observa que mientras los proveedores de servicios prohíben a los usuarios utilizar sus servicios para actividades ilegales, ilegítimas o perjudiciales, las empresas no asumen ninguna responsabilidad legal por las actividades delictivas cometidas mediante sus servicios.
Más aún, las empresas intermediarias no tienen obligación de monitorear cómo se utilizan los servicios que proveen. Aunque los sitios web de las redes sociales comprenden mecanismos de denuncia, la investigación encontró que los perpetradores pueden abrir fácilmente nuevas cuentas para continuar perpetrando abusos. En el caso de la telefonía móvil, las tarjetas SIM pueden adquirirse sin registro, lo que facilita que los abusadores cambien su número y permanezcan anónimos.
El informe concluye con un conjunto de recomendaciones dirigidas a distintos actores con el propósito de abordar la violencia contra mujeres y niñas relacionada con la tecnología. Estas recomendaciones incluyen un llamado al gobierno para que implemente leyes nacionales, colabore con ONG, busque solucionar las desigualdades estructurales y aumente los recursos para capacitar personal para el tratamiento de delitos informáticos.
Las recomendaciones para las empresas intermediarias incluyen ser proactivas y proveer líneas especiales para denuncias, a la vez que una reducción del tiempo que tarda el tratamiento de una denuncia de abuso. El informe llama a las ONG y a la sociedad civil a aumentar la conciencia sobre estos problemas, a monitorear leyes y políticas e involucrarse con las empresas intermediarias.
Por último, el informe exhorta a las mujeres a que conozcan y ejerzan sus derechos y a asegurar su privacidad en línea. El informe es un primer paso crucial de una investigación más abarcadora que FMA espera realizar para promover los derechos de género en entornos digitales.
Descarga el informe completo (en inglés)
Más información sobre la investigación aquí
Esta investigación forma parte del proyecto “Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea” de APC, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda (DGIS).
Year of publication
2015
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