El internet no territorial y transfronterizo ha agregado nuevas capas de complejidad al debate sobre los derechos humanos. La idea de la igualdad sustantiva– una brújula para los derechos humanos y la llave para la justicia de género – debe reinterpretarse, ya que la fuerza de las tecnologías digitales complejiza la naturaleza temporal-espacial de las relaciones y de las instituciones sociales.

La política de género y las no-libertades de la economía digital

Las estructuras de la economía digital son un buen punto de partida para comenzar a desentrañar la naturaleza del cambio. La tan mentada “economía compartida” se ha convertido en un mito poderoso que eclipsa las narrativas de quién posee y controla el mercado digital.

Es difícil imaginar que una cooperativa de mujeres sea capaz de afrontar costos de corretaje similares a los de una poderosa plataforma de comercio electrónico como Amazon. Incluso si eso fuera posible, la plusvalía generada por su participación en el mercado digital se acumularía en forma desproporcionada a favor de Amazon, el monopolio tipo rentista de la nueva era.

La creciente “uberización” del trabajo doméstico realizado abrumadoramente por las mujeres presenta nuevos retos para su participación en el mercado laboral. A medida que este se pone en línea, el trabajo se vuelve más de corto plazo y conlleva cada vez menos seguridad económica, previsibilidad y capacidad de organización.

No sólo la producción, sino también el espacio social, son absorbidos por las plataformas monopólicas de la sociedad en red, a medida que las interacciones sociales se subsumen dentro de la lógica neoliberal. Las muchas opciones de identidad que se pueden elegir en Facebook o Tinder son parte del singular interés del capitalismo digital en la publicidad dirigida.

las economías de información avanzadas transfieren el peso del trabajo de cuidados a las trabajadoras migrantes de los países más pobres

Mientras tanto, la minería y la explotación de "tierras raras" para sostener la infraestructura material del capitalismo digital causa estragos en los sistemas ecológicos del Sur global, diezmando las fuentes de existencia y sustento de las mujeres del Tercer Mundo.

En el espacio de los flujos de Castellsse pone en evidencia una nueva división internacional del trabajo: las economías de información avanzadas transfieren el peso del trabajo de cuidados a las trabajadoras migrantes de los países más pobres, quienes se incorporan a las cadenas de cuidado mundiales que aíslan, alienan y explotan. La meteórica expansión de los circuitos transnacionales de tráfico humano (la ONU identifica 510 flujos de tráfico entre países de origen y de destino) ha significado el reclutamiento de niños y niñas en pobreza extrema para alimentar el “sexo virtual”.

Como señala Federici,el modelo económico actual caracterizado por la destrucción de las economías de subsistencia, la desterritorialización del capital y la desinversión por parte del Estado en los servicios públicos, tiene un efecto paralizante en la vida de las mujeres del Tercer Mundo.

Grandes datos y pérdida de autonomía

La hegemonía económica en la era digital devenga del control sobre los datos como forma de control del comportamiento social. El consentimiento de los/as usuarios/as se transforma en una burla porque las personas no tienen manera de controlar el uso y la reutilización de sus datos. Incluso cuando se rastrea información íntima, como ser, información sobre la menstruación, los desarrolladores de aplicaciones no ven esa vigilancia de datos como un problema.

Es muy probable que los acuerdos comerciales propuestos (como los de comercio electrónico de la OMC, TISA y TPP, que promueven el irrestricto flujo de datos a través de las fronteras, aceleren el problema de los datos. Estos acuerdos acaban con las leyes de localización de los datos que requieren que los datos de los ciudadanos recopilados por las corporaciones transnacionales (CTN) se almacenen sólo en servidores de datos locales, eliminando así la posibilidad de demandar compensación a nivel nacional por violaciones a la privacidad por parte de las CTN.

Las verdades de las mujeres en las periferias pueden incluso no estar representadas en los datos

Hoy en día, las grandes corporaciones como Monsanto controlan enormes cantidades de datos de insumos agrícolas, como suelos, semillas, fertilizantes, etc., a través de los cuales dictan decisiones relativas a la producción agropecuaria en el Sur global. Los gobiernos de los países en desarrollo contratan a entidades privadas para analizar los grandes datos, transfiriendo al mercado las decisiones relacionadas con el desarrollo. Las verdades de las mujeres en las periferias pueden incluso no estar representadas en los datos. Dada la falta de leyes adecuadas en materia de privacidad y protección de datos en la mayoría de los países del Sur, vemos una crisis de la responsabilidad democrática, una situación en la que la integridad física, la agencia y la autonomía de las mujeres se encuentran bajo asedio.

Las paradojas de las estructuras de conocimiento abierto

La cortina de humo de la libre participación en los llamados espacios públicos de conocimiento abierto oculta la rápida mercantilización de internet. Se trata de un nuevo imperialismo. Según una estimación, los pueblos indígenas deben gastar más de un millón de dólares estadounidenses para tener su propio dominio de internet que los identifique como una nación o cultura soberana. Del mismo modo, el control de un solo país sobre recursos cruciales de internet implica que cualquier recurso legal con relación al Sistema de Nombres de Dominio sólo puede presentarse en tribunales estadounidenses. Los regímenes militantes de la propiedad intelectual – desde la legislación sobre derechos de autor hasta los controles tecnológicos, como los sistemas de gestión de derechos digitales y los muros de pago – revelan tácticas agresivas y propietarias de los poderosos de la sociedad de la información para acaparar el conocimiento y volverlo totalmente inaccesible.

Abrirse camino en los sistemas de conocimiento nunca ha sido tan difícil para la mayoría de las mujeres

Estudios del Oxford Internet Institute han descubierto que el 84% de los artículos de Wikipedia se concentra en Europa y América del Norte. La mayoría de los artículos escritos sobre el Sur global se sigue escribiendo en el Norte global. Sólo el 20% del mundo (principalmente editores varones de raza blanca de Norteamérica y Europa) edita actualmente el 80% de Wikipedia. Abrirse camino en los sistemas de conocimiento nunca ha sido tan difícil para la mayoría de las mujeres. La enajenación digital es despiadada; abarca no sólo la realidad material de la brecha digital, sino la realidad de género del sexismo y la misoginia en la esfera pública. Las cartografías emergentes del conocimiento se desplazan sobre las líneas de falla tradicionales del género, intersectándose de manera inequívoca con clase, raza, sexualidad, casta, etnicidad y geografía.

De las no-libertades digitales a la igualdad sustantiva para las mujeres

Las no-libertades económicas, sociales y culturales son la realidad de facto, un hecho central de la vida cotidiana de las mujeres en todas las regiones del mundo. El ritmo y la velocidad del capitalismo divulgativo y la violenta ilegibilidad de su modus operandi de explotación socavan los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de las mujeres. Los discursos sobre la “brecha digital de género” y el “empoderamiento a través de las TIC”, desvinculados de su contenido estructural de economía política, desvían de la realidad de un profundo cambio institucional. Esta cosificación de la tecnología, que trata lo social como un artefacto puramente material, con características preinscritas e independientes de las prácticas e ideologías sociales, desvirtúa lo que en realidad es un paradigma sociológico fluido.

La igualdad sustantiva implica que, para que las mujeres puedan gozar de igualdad, la realidad vivida de la discriminación, la desigualdad y la injusticia debe reconocerse, comprenderse y abordarse. Recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por su sigla en inglés) han aclarado las obligaciones extraterritoriales de los Estados Partes. Sin embargo, desde un punto de vista feminista, los DESC deben aclararse mucho más.

Se deberían abordar el paradigma de mercado explotador de internet y sus impactos en cascada sobre el trabajo, la economía, el cuidado, la integridad física y la soberanía territorial

La manera en que la política macroeconómica, el comercio mundial, las imposiciones tributarias, el régimen de propiedad intelectual y las actividades de las CTN vulneran los derechos de las mujeres a la alfabetización económica, la autonomía financiera, el acceso a los bienes comunes naturales y los derechos a la tierra, el acceso a los conocimientos, la participación en los mercados y en los procesos de políticas públicas, etc., es crucial para el logro de la igualdad sustantiva de las mujeres consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Estas cuestiones deben filtrarse a través del prisma de una realidad mediada digitalmente y marcada por monopolios de plataformas, vigilancia de datos, violencia relacionada con la tecnología y más – donde las mujeres son los datos que tal vez no quieran ser.

Los DESC en la sociedad de la información dependen fundamentalmente de internet. El hecho de que internet sea un facilitador de derechos también es ampliamente reconocido. Sin embargo, los organismos internacionales de derechos humanos aún no han articulado las obligaciones negativas y los deberes positivos de los Estados de abordar el paradigma de mercado explotador de internet y sus impactos en cascada sobre el trabajo, la economía, el cuidado, la integridad física y la soberanía territorial.

¿Entonces qué se puede hacer en el marco actual?

El CDESC puede desempeñar un papel importante a la hora de aclarar cómo el acceso a internet es un requisito fundamental para el acceso de las mujeres a la información, especialmente en cuanto a los derechos básicos como ciudadanas en pie de igualdad. El CDESC también puede desempeñar un papel importante en cuanto a la interpretación de la igualdad sustantiva con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente respecto del acceso de las mujeres a las TIC (Objetivo 5), la interpretación y definición de lo que realmente constituye empoderar el acceso de las mujeres (que incluye cuestiones estructurales), y cuáles son las obligaciones de los Estados Partes respecto del suministro de dicho acceso.

Los Principios de Maatricht también ofrecen la oportunidad de ampliar la aplicación de las obligaciones extraterritoriales expresadas en el PIDESC, para determinar las implicaciones transnacionales del internet no territorial. El CDESC también debe desarrollar una alineación de las normas con el Comité de la CEDAW y el Comité de Derechos Humanos de la ONU (que supervisa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), especialmente para examinar las ideas de privacidad y consentimiento en proporción con la vida mediada por medios digitales.

A nivel nacional, los derechos digitales deben traducirse en beneficios directos que sean ejecutables

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución 26/9 sobre la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. La ONU debe involucrar a los grupos de derechos de las mujeres en las discusiones del impacto específico de las corporaciones digitales sobre la igualdad de género a fin de limitar el poder fuera de control de las CTN, e incorporar disposiciones al respecto en el mencionado tratado vinculante.

A nivel nacional, los derechos digitales deben traducirse en beneficios directos que sean ejecutables. Esto debe incluir el acceso a internet en base a un enfoque de bien público y de interés público que contemplemedidas especiales dirigidas a las mujeres: acceso público subsidiado, asignación mínima de datos, contenido de interés público, capacitación en habilidades digitales ciudadanas, licencias de infraestructura comunitaria para grupos de mujeres y mecanismos reguladores y de reparación que hagan el “derecho de acceso” justiciable.

Las leyes nacionales deben reconocer la desventaja intersectorial y abordar las razones estructurales de la marginación de las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad, las minorías de género y otros grupos. Al establecer el acceso a internet como un derecho, la ley y las políticas deben abordar la arquitectura y las distintas capas de internet mismo (por ejemplo, mediante la política de neutralidad de la red); de lo contrario, los derechos digitales pueden acabar asimilando a las mujeres en los mismos recovecos del paradigma de la red neoliberal.

Un nuevo tratado para internet, al estilo feminista

En lo que tiene que ver con las tecnologías digitales y los derechos civiles y políticos de las mujeres, está surgiendo un cuerpo de trabajo vital y en evolución, especialmente sobre la violencia mediada por la tecnología y la participación en línea de las mujeres. Sin embargo, las defensoras de la libertad de expresión entre las feministas a menudo se encuentran del mismo lado que los gobiernos del Norte, la comunidad técnica de internet y las corporaciones, que son abiertamente insensibles a los problemas de economía política en la sociedad de la información.

La idea de una sociedad de la información centrada en las personas y orientada al desarrollo, invocada por la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) exhorta a un compromiso más profundo y holístico con todos los derechos humanos. Pero en el período posterior a la CMSI el activismo de la justicia de género dominante no ha logrado captar y movilizar en torno a la idea sustancial de igualdad que pone de relieve la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos. Asimismo las ideologías libertarias adoptadas por muchos de los actores que participan en los foros políticos mundiales desplazan de las discusiones las preguntas incómodas sobre el capitalismo informativo y los impactos perjudiciales sobre las mujeres por la pérdida de la “cosa pública” debido a la mercantilización de todas las cosas.

La idea de una sociedad de la información centrada en las personas y orientada al desarrollo exhorta a un compromiso más profundo y holístico con todos los derechos humanos

Esto nos lleva a un punto clave. La tesis de que “los mismos derechos que las personas tienen fuera de línea también deben protegerse en línea” – una resolución aprobada por consenso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU – tiende a promover un binario artificial. Construye el mundo en dos partes, como si hubiera un espacio en línea distinto y limitado, separado del espacio fuera de línea. Sin embargo, lo que vemos es que las violaciones de los DESC ocurren en los contextos híbridos de la vida tecno-mediada incorporada e incrustada, en las no-libertades forjadas por la digitalización, los datos y las redes.

Estas no-libertades exigen una mirada más cercana a lo que significan los derechos. Los derechos efectivamente son performativos, pero también son relacionales e históricos. La reivindicación de derechos surge a través de desventajas espaciales y temporales, materiales e ideológicas. Internet, como una sirvienta neoimperialista, es hoy cada vez menos libre y más cerrada. La conectividad parece haber canibalizado a la socialidad. Se entrelaza con las estructuras de la opresión basada en el género. Hace que las viejas normas no tengan sentido y simultáneamente desestabilicen los procesos e instituciones de desarrollo de las normas. Es por eso que los grandes maestros de la sociedad de la información están ocupados tratando de llegar a lo esencial y construyendo nuevas normas e instituciones que son egoístas e interesadas.

Aquí el doble discurso es flagrante. Los países más ricos y sus corporaciones quisieran manejar el milagro de la conectividad, presionando por un “Internet abierto” como vehículo de crecimiento. Prefieren adoptar principios de política basados en un consenso de iniciados. Estas normas – aunque progresistas en algunos aspectos – imponen condiciones económicas injustas a los países más pobres (por ejemplo, los principios de la OCDE sobre internet hacen hincapié en la aplicación estricta de los derechos de la propiedad intelectual).

Aunque prefieren políticas robustas y un estado de derecho dentro de sus territorios, estos grupos de élite prescriben “un enfoque flexible y multisectorial para la formulación de políticas de internet, más que un enfoque regulador internacional”. Esta retórica de flexibilidad y apertura plantea la pregunta: ¿para quién y con qué objetivos?

Los grandes maestros de la sociedad de la información están ocupados tratando de llegar a lo esencial y construyendo nuevas normas e instituciones que son egoístas e interesadas

El multilateralismo – con los estados nacionales llevando el consenso al mínimo común denominador – puede en efecto ser adverso al sueño original de internet y su futuro. Pero desde el punto de vista de la persona más pobre y marginada, no hay alternativa a la democracia y al estado de derecho. De ahí que sea importante el desarrollo democrático de los principios globales para la gobernanza de internet a nivel internacional – que conlleva la participación de diversos grupos de la sociedad civil.

Y es por eso que las feministas deben detenerse y examinar los modos dialógicos en los espacios estrechamente vigilados y controlados, como en el Foro de Gobernanza de Internet. Estos corren el riesgo de reproducir el statu quo y ceder terreno a las fuerzas retrógradas si no respetan la democracia deliberativa y la toma de decisiones democráticas que toman en cuenta los recursos y el poder relativos de las partes afectadas.

Un principio clave de la igualdad sustantiva es prestar atención a la disonancia entre los que pronuncian el discurso y los afectados. La parábola política de internet sugiere un subterfugio; si el feminismo es cooptado por la del reconocimiento, probablemente termine por ignorar la política de la responsabilidad. Como dice Rosi Braidoti, el posmodernismo prefiere hablar interminablemente sobre el racismo sin razas y sobre el feminismo sin mujeres.

En la perversa confluencia de intereses que vemos en el activismo de internet, ha llegado el momento en que las feministas demuestren que su causa apunta realmente a políticas transformadoras y clarifiquen que sus fines buscan reivindicar las estructuras materiales e ideológicas de la sociedad, internet incluido.

Ha llegado el momento en que las feministas demuestren que su causa apunta realmente a políticas transformadoras

Los DESC de las mujeres deben articularse en torno a un nuevo contrato social global que corresponda a una sociedad digital emergente. Un paso en esta dirección es el desarrollo de un marco de gobernanza global, con un nuevo tratado para internet, que reconozca y remedie la desventaja y la discriminación que sufren las mujeres y las minorías de género en el paradigma actual, que galopa sin pausa , como quien dice, hacia el “reino de los datos”.

Un réquiem por el feminismo responsable

La tarea para los contrapúblicos feministas sigue en pie. La ideología del multisectorialismo triunfalista ha corroído el feminismo de principios, informado y vigilante en las batallas políticas de internet.

La erosión de lo público en las sociedades de todo el mundo ha provocado una resistencia global – algo que el activista por el agua Tommaso Fattori llama la lucha por la “comunificación” del Estado. El activismo feminista en el ámbito las TIC debe unirse a esta red de personas de todo el mundo que luchan por una economía, una sociedad y una forma de gobierno diferentes, buscando recuperar el agua, el conocimiento, la salud, la alimentación, la energía, los bosques y la tierra.

Se necesita una nueva frontera de acción, ya que no sólo el espacio sino también el cuerpo y la cognición humana están siendo reconfigurados; desde nosotros, el pueblo, a las cosas, de internet.

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